BUENOS AIRES.- El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal presentó hoy una "acción declarativa de inconstitucionalidad" contra la ley que modificó el régimen de las medidas cautelares a favor del Estado Nacional. El presidente del Colegio, Jorge Rizzo, impulsó la acción que se dirige contra el Estado nacional pues "la norma vulnera, en forma manifiestamente ilegal y arbitraria, derechos adquiridos de los abogados, afectando la dignidad profesional y entorpeciendo el libre ejercicio de la abogacía".
La ley "genera un inevitable perjuicio al interés fundamental de los abogados: el de ser útiles a los ciudadanos que necesitan hacer valer sus derechos en tiempo eficaz".
"Su texto acentúa groseramente la desigualdad existente entre el Estado nacional y los justiciables o administrados, creando prerrogativas a favor del primero quien pretende prevalecer sobre los derechos y garantías de los segundos", resaltó Rizzo.
Mediante un escrito de 55 carillas que ingresó esta mañana por la Mesa de Entradas del fuero Contencioso Administrativo Federal, la entidad que nuclea a los abogados porteños reclamó una medida cautelar que suspenda varios artículos de la ley y que la causa tramite "bajo las reglas que gobiernan el proceso sumarísimo", que acorta sustancialmente los tiempos.
El documento recordó que el Colegio "tiene como deber insoslayable la protección de la libertad y dignidad de la profesión del abogado", pero advirtió que "si se aplicara plenamente la norma aquí impugnada, los abogados se verían imposibilitados de ofrecerles a sus clientes un servicio jurídico que antes podían ofrecer en toda su dimensión y eficacia". Aludió así a "presentar y obtener medidas cautelares contra el Estado Nacional", y aclaró: "No es esta expresión, una queja meramente corporativa por restar a nuestras incumbencias una vía más".
"Es, sin hesitación, un cercenamiento manifiesto del derecho de los ciudadanos a obtener protección rápida y eficaz contra el accionar del Estado", añadió. La presentación cita al autor estadounidense Charles L. Black y una de sus definiciones en un ensayo sobre el rol de la justicia en un sistema democrático: "Tener votos es una excusa insuficiente para violar la Constitución".
"Sabido es que un pleito contra el Estado nacional es extenso debido a plazos y ventajas que se han previsto en su favor, así como complejo. Además, en caso de sentencia condenatoria en su contra, hacerla efectiva conlleva un engorroso proceso de trámite habitualmente largo y tedioso para cobrar, en el mejor de los casos, bonos cuya solvencia no siempre está garantizada más allá del nivel de cotización normalmente bajo", explicó el Colegio. Resaltó que el conjunto de exigencias impuestas a las medidas cautelares contra el Estado nacional "viene a desproteger a la parte más vulnerable del litigio, quien se verá imposibilitada de obtener un verdadero amparo en sus derechos en tiempo útil, todo ello en claro beneficio a los intereses del Estado nacional". (DyN)